Andema se reúne con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

 

  • La asociación reclama dependencias donde almacenar y destruir las falsificaciones que se incauten y un protocolo de almacenaje y destrucción rápida -como existe para el tráfico de estupefacientes- así como coordinación y agilidad para la práctica de las pruebas periciales y la celebración de juicios rápidos.

 

Madrid, 16 de marzo de 2022.- Continuando con la ronda de contactos institucionales previstos para este año, la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) se ha reunido con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Al encuentro, en la sede del Ministerio del Interior, han acudido Rosa Tous, presidenta de la asociación; Salvador Orlando, vicepresidente; y Gerard Guiu, director general de Andema.  

Andema ha destacado durante el encuentro la estrechísima actividad de colaboración que la asociación ha mantenido desde sus comienzos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en ámbitos como la formación, la información, la sensibilización y el apoyo en la coordinación con los representantes de marcas en los grandes operativos.

No obstante, Andema ha señalado la necesidad de dotar de una protección ágil y eficaz a los derechos de propiedad industrial y de poner coto a actividades delictivas como el fenómeno de las falsificaciones que, no solo generan graves perjuicios para las empresas, los comerciantes y las arcas del estado, sino que, como demuestran cada vez más pruebas, están vinculadas a otros delitos como el tráfico de drogas, el trabajo forzoso, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Andema insistió también en la urgencia de crear y/o asignar dependencias donde almacenar y destruir las falsificaciones que se incauten, y desarrollar un protocolo de almacenaje y destrucción rápida, como existe para el tráfico de estupefacientes, así como coordinación y agilidad para la práctica de las pruebas periciales y la celebración de juicios rápidos. Ahora mismo, son las propias marcas las que se hacen cargo del material falsificado incautado, lo que es un despropósito además de insostenible económicamente.

Por último, se ha hecho hincapié en la necesidad de reformar el Código Penal -en concreto el artículo 274- para la eficiente persecución y enjuiciamiento de los delitos de falsificaciones, dotando a Policía Nacional, policías locales y Guardia Civil de las herramientas jurídicas necesarias para hacer su trabajo.